Un dato de 2023 sintetiza el fracaso: ese año se registraron 1.493 casos de explotación sexual infantil, de los cuales el 86% ocurrió por internet y el 65% comenzó por redes sociales. El Estado colombiano no tiene la capacidad tecnológica ni los recursos humanos para monitorear ese espacio. Mientras tanto, la violencia analógica —la que ocurre detrás de una puerta cerrada, con cadenas y candados— sigue siendo igualmente invisible.